El Confidencial recoge la opinión de Cristina Llop, socia de ECIJA.
Se avecina una batalla legal sin precedentes. En 2021, según auguran varios bufetes consultados, asistiremos a un alud de demandas contra la Administración exigiendo indemnizaciones por los perjuicios sufridos por las medidas anticovid. La hostelería lleva la delantera, pero pronto se sumarán muchos otros sectores y empresas perjudicados por las medidas para frenar la pandemia y mitigar las consecuencias económicas de la misma.
El pasado viernes, el despacho ECIJA cerró un acuerdo con la Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE) para asesorar a las asociaciones territoriales adheridas a la misma. Desde agosto, Cristina Llop, socia de la firma, ha presentado recursos contra todas las restricciones que afectan a este sector dictadas por las comunidades autónomas. Cerró el círculo hace unos días, impugnando el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud del pasado 14 de agosto, así como la orden ministerial por la que se aprobaron una serie de actuaciones coordinadas en materia de salud pública.
«El problema», explica Llop, «es que las medidas fueron tomadas sin observar el procedimiento legalmente establecido, de manera improvisada, y basándose en decisiones de oportunidad política y no en estudios técnicos que garantizaran que fueran adecuadas, idóneas y proporcionales a las circunstancias». La estrategia de ECIJA pasa por lograr que la justicia admita que las medidas ni siguieron el cauce establecido ni contaban con el respaldo de informes sanitarios. Posteriormente, presentará una batería de demandas exigiendo la responsabilidad patrimonial de la Administración para paliar los daños sufridos por sus clientes.
Según explica Llop, las demandas pueden ir a más porque aún están recibiendo las llamadas de muchos empresarios que no son conscientes de que tienen derecho a reclamar contra el Estado. «Pero esto cambiará si conseguimos una primera resolución favorable», explica la letrada.
