Un juzgado obliga al Ayuntamiento de Maello (Ávila) a hacerse cargo de una urbanización construida en los 70 y abandonada a su suerte
Artículo de CincoDías con aportación de Víctor Moralo, socio de ECIJA y responsable de la operación.
El Ayuntamiento de Maello (Ávila) tendrá que asumir el coste de abastecimiento de agua, alumbrado y otros servicios públicos de una urbanización cercana, Pinar de Puente Viejo, construida al principio de la década de los años 70. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ávila ha dado la razón a los vecinos en su batalla contra el consistorio, iniciada hace más de veinte años, y condena al ayuntamiento a hacerse cargo de los servicios públicos básicos de la urbanización. Además, exime a los propietarios de seguir costeando el mantenimiento de las infraestructuras. “La obligación de los vecinos respecto a la conservación de la urbanización debe concluir”, exige la sentencia.
Los propietarios llevaban todos estos años pagando estos servicios de su bolsillo, como si vivieran en territorio comanche. Un caso que recuerda a la lucha de los vecinos de la urbanización Los Ángeles de San Rafael contra el Ayuntamiento de El Espinar (Ávila), zanjado en 2011 a favor de los propietarios. Tras la sentencia, la partida de gastos en la urbanización puede suponer unos 400.000 euros al año para el presupuesto municipal de Maello.
Esta sentencia, destaca Víctor Moralo, socio de derecho medioambiental Ecija y letrado de la entidad demandante, “refuerza la doctrina iniciada por la conocida sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León de junio de 2011 que obligó al Ayuntamiento de El Espinar (Segovia) a recepcionar y hacerse cargo de la urbanización Los Ángeles de San Rafael”, lo que no sucedía desde su fundación por Jesús Gil y Gil a finales de los años sesenta.
“Tanto entonces como ahora, el ayuntamiento no se hacía cargo de los servicios públicos esenciales, ni de su conservación y mantenimiento, convirtiendo una excepción anacrónica y nada sostenible del urbanismo en una regla general en las mayorías de las urbanizaciones de iniciativa privada”, lamenta el letrado.
El abogado muestra su satisfacción por el espaldarazo judicial: “El juzgado ha dictado una sentencia que estima todos y cada una de las pretensiones de nuestro cliente formuladas en vía administrativa, hace ahora un año”.
