«¿Hacia la protección de las personas electrónicas (o robots)?», artículo de Erika Moraleja, abogada de ECIJA, para The Law Clinic.
Tras la propuesta remitida al Parlamento Europeo sobre esta cuestión, UGT aboga por reconocer a los robots la condición de “sujetos obligados” en Seguridad Social y materia fiscal.
El pasado 31 de mayo de 2016, la europarlamentaria del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, Mady Delvaux remitió al Parlamento Europeo un documento cuya propuesta fundamental es regular la utilización de los robots en el mercado de trabajo.
En efecto, es innegable la utilización de todo tipo de herramientas y máquinas en todas las actividades económicas que los seres humanos desarrollamos, desde el primitivo sector primario hasta los servicios profesionales más avanzados o innovadores. Asimismo resulta complicado obviar que, en muchos casos, estas herramientas o maquinaria puede contar con cierta autonomía o, incluso, inteligencia artificial.
Este fenómeno conocido como “la Cuarta Revolución Industrial” (o Industria 4.0) supone, según las voces más radicales, una doble amenaza para el ser humano:
- En primer lugar, respecto a la menor necesidad de mano de obra en todos los ámbitos puesto que la maquinaria y los robots podrán llevar a cabo de forma independiente gran parte de los procesos productivos que actualmente realizan los humanos y, en muchos casos, de forma más eficiente.
- En segundo lugar, sufriendo todavía las gravísimas consecuencias de la peor crisis económica de su historia contemporánea, se incrementará la preocupación de los ciudadanos sobre el futuro de sus empleos y la viabilidad de los sistemas públicos de Seguridad Social que actualmente viven sus peores momentos por lo que respecta a financiación y déficit. En relación con esta idea, y centrándonos en nuestro país, conviene advertir que esta misma semana la prensa nacional se hacía eco de la preocupante situación de las arcas del sistema público de Seguridad Social, con un déficit de 6.151 millones hasta el mes de septiembre de 2016 y la necesidad de incluir un plan de sostenibilidad de las pensiones en el Pacto de Toledo antes de que finalice el primer trimestre de 2017.
Dejando al margen las opiniones más extremistas, la gran parte de los agentes sociales entienden, en los mismos términos que la Sra. Delvaux, que la inevitable e impetuosa irrupción de la tecnología en todos los ámbitos productivos debe ser gestionada de forma eficiente y favorecer a la estabilidad y perdurabilidad del mercado de trabajo. En este sentido, y volviendo a la propuesta planteada en el seno del Parlamento Europeo, se pide a la Comisión Europea que inicie el correspondiente proceso legislativo para «la creación de un estatuto jurídico específico para los robots, para que al menos los robots autónomos más sofisticados tengan la condición de personas electrónicas, con derechos y obligaciones específicas, entre ellas la de hacer reparar los daños que puedan causar, y la aplicación de la personalidad electrónica para los casos en que los robots hacen decisiones inteligentes autónomas o de otra manera interactúan con terceros independientemente«.
En nuestro país, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha sido la última voz en unirse a esta propuesta y hace tan sólo un par de días explicaba que, a su parecer, el problema se encuentra en los bajos ingresos obtenidos por la Seguridad Social, consecuencia de las importantes bonificaciones, ayudas sociales y bajos salarios en España, y no en el gasto.
Como no podía ser de otra manera, la propuesta remitida al Parlamento Europeo, cuenta con importantes detractores como es el caso del director general del departamento de robótica y la automatización de la compañía alemana VDMA, Patrick Schwarzkopf, quien muestra su preocupación por la dificultad y complejidad de la propuesta, así como el posible hándicap que pudiera suponer la regularización de la actividad de los robots en el ámbito laboral e imposibilitar el desarrollo de la robótica y la automatización.
En efecto, conviene advertir que tradicionalmente la legislación laboral se ha caracterizado por su fuerte proteccionismo hacia los empleados y el ingente incremento de obligaciones y formalidades para las compañías y los profesionales autónomos. Por tanto, vincular la actividad o prestaciones de estas “personas electrónicas” con la regulación laboral podría suponer una burocratización para dicho sector, con la consecuente limitación o impedimento en el progreso de la inteligencia robótica y ello sería un perjuicio para la ciencia y la evolución del ser humano.
