Fernando Vizcaíno de Sas, socio de ECJIA, señala que “es evidente que la llegada de la nueva presidenta, más allá del titular de ser la primera mujer que accede a una presidencia de sala en el Tribunal Supremo, abre un panorama inmediato de debate sobre cómo se van a afrontar las muchas cuestiones que el órgano tiene que resolver”.
Este jurista revela que “la nueva presidenta tiene un perfil de especialidad en la rama social del derecho de honda tradición y profesionalidad. Es, no cabe duda, una excelente jueza que conoce el mundo de la sala que le ha correspondido presidir”.
En opinión de este jurista “tanto por el cambio de Gobierno y la llegada al ministerio de trabajo de la actual ministra de procedencia laboralista, como por la terrible pandemia que nos ha tocado afrontar y las medidas extraordinarias en materia social que ella ha provocado, el mundo del derecho laboral está cambiando aceleradamente”.
Para Vizcaíno de Sas estos cambios provienen “no solo con la regulación de todo lo que tiene que ver con los ERTE, la regulación del trabajo a distancia o las medidas adicionales que estos macro temas arrastran (por ejemplo, la llamada prohibición de despedir con motivo del Covid-19 que ya ha provocado sentencias peculiares de distinto sesgo jurídico); sino por problemas que se anuncian derivados del deseo de revisar la Reforma Laboral de 2012”.
En esta reforma laboral “se ha hablado sobre cambios en materia de negociación colectiva, o legislar sobre cuestiones que se consideran deben desarrollarse como la relación de los riders con las plataformas digitales, el registro de jornada y los derechos de igualdad salarial”.
Este experto en derecho del trabajo también cita otras cuestiones menos populares “pero que significan importantes materias en la relación trabajadores-empresas, como el uso de las herramientas tecnológicas y los derechos de intimidad versus el control empresarial o el desarrollo de la nueva norma sobre trabajo a distancia recién nacida”.
“De todo ello la Sala de lo Social del Tribunal Supremo tendrá la última palabra. El control de legalidad que, no solo interpretará los cambios que vaya abordando el legislativo, sino que podrá cambiar las leyes con el cuerpo de doctrina que genere”, advierte.
En su opinión, materialmente “la Sala de lo Social está preparada para afrontar estos retos “el sistema del recurso de casación que filtra la llegada de cuestiones y las deja reducidas a aquellas que se consideran con sustancia como para ser debatidas y resueltas, parece funcionar por mucho que no haya conseguido que los letrados no usemos dicho recurso como tercera instancia. Solo puede preocupar su composición”.
Vizcaíno de Sas revela que “no es nuestra labor entrar en polémicas políticas sobre el nombramiento del órgano de control de los jueces y su estatificación en los últimos años, pero es relevante de qué signo esté compuesta una sala ante el planteamiento de estas cuestiones”.
También destaca que “no dudamos de la profesionalidad, ni de la independencia de los jueces, al menos los que conozco que son bastantes, ni mucho menos de esas virtudes en la nueva presidenta, pero es evidente que la resolución de las cuestiones que hemos planteado tendrá mucho que ver con la “línea editorial” que adopte el Tribunal”.
Fernando Vizcaíno de Sas subraya que “los abogados de laboral esperamos mucho del Tribunal Supremo como órgano, no tanto de control, como de aclaración, de unas normas redactadas de forma confusa y unas sentencias que las interpretan, a veces, con criterios peculiares alejados de la aplicación de la ley. Y esperamos que la Excma. Sra. María Luisa Segoviano traslade a su Sala ese rigor y seriedad jurídica de la que siempre ha hecho gala”.
