Tribuna de Daniel Rodríguez-Maffioli especialista en Tecnología de nuestra oficina en Costa Rica para Delfino.
Una regulación inteligente para la Costa Rica digital
Un habilitador fundamental del proceso de transformación digital que atraviesan los países, incluido Costa Rica, es el marco regulatorio. De la calidad e idoneidad de ese marco puede depender el éxito de la transición hacia una sociedad digital inclusiva y respetuosa de los derechos fundamentales. Sin embargo, elegir un modelo regulatorio adecuado no es tarea fácil.
Por un lado, la innovación tecnológica avanza a un ritmo acelerado y dinámico, mientras que las regulaciones —rígidas por naturaleza— toman un tiempo considerable en adoptarse. Esto provoca un círculo vicioso de desfase en el que la legislación, cuando finalmente llega, nace ya desactualizada. Por otra parte, una excesiva o deficiente regulación puede comprometer la innovación y los beneficios aparejados.
Sin embargo, no regular del todo tampoco es una alternativa razonable, especialmente ante los riesgos sistémicos y los efectos colaterales de la tecnología. En el contexto actual, toda empresa, organización e institución que quiera insertarse y participar de los beneficios de la economía digital, debe poner al ser humano en el centro de sus políticas y comprometerse con la sostenibilidad. La regulación debe apoyar esos objetivos sin obstaculizar ni sacrificar las bondades de la economía digital.
Todo lo anterior lo tiene claro la Unión Europea, que recientemente ha propuesto un robusto paquete de regulaciones para la denominada “década digital”, así como una Declaración sobre Derechos Digitales, que incluye el derecho de toda persona a la conectividad, a educación digital, a servicios públicos digitales, entre otros. Del paquete hacen parte leyes para regular los servicios y los mercados digitales (“Digital Services Act” y “Digital Markets Act”), con un especial énfasis en transparentar el funcionamiento de las plataformas digitales y las redes sociales, así como garantizar una competencia justa entre los distintos actores de la economía digital. Europa también ha sido pionero en la propuesta de regulaciones para tecnologías emergentes específicas, como la Ley de Inteligencia Artificial (la denominada “AI Act”).
Si bien esta ola regulatoria europea sirve de referencia, Costa Rica no es Europa. Factores como la limitación de recursos, una institucionalidad ineficiente, el tortuoso proceso legislativo, la ausencia de espacios de colaboración, y la poca apropiación digital de los tomadores de decisión, comprometen la adopción eficiente de regulaciones aptas para gestionar los riesgos de la sociedad 4.0. Nuestra pequeña economía, además, está basada en la apertura comercial y los servicios transfronterizos, lo cual tiene implicaciones sobre la manera en que se deben construir las políticas y regulaciones.