Este artículo fue publicado en A Definitivas.
Resulta evidente que el coronavirus ha forzado la aparición de un escenario mucho más digitalizado que hace tan sólo unos meses. El teletrabajo, el aumento de la lectura de códigos QR o la compra de todo tipo de artículos a través de aplicaciones de comercio electrónico, han pasado a tener un uso generalizado entre la población teniendo en cuenta los riesgos que actualmente presenta tener contacto físico con otras personas o manipular objetos que han pasado por muchas otras manos.
En virtud de este escenario, ¿ha determinado la pandemia un antes y un después para que la ciudadanía acepte que seremos capaces de realizar la totalidad de nuestras acciones en el futuro a través de un smartphone? O al revés, ¿es consciente la ciudadanía de la limitación de actuaciones que podría existir si no contase con un smartphone?
A día de hoy, existen aplicaciones prácticamente para todo, por lo que muchísimos objetos y puestos de trabajo cuya desaparición hace unos años era impensable, tienden a ser sustituidos por la tecnología. Por ejemplo, el uso de dinero en efectivo se está eliminando cada vez más, ya que las tarjetas de crédito están cada vez en más móviles y la tecnología contactless se está ya implementando incluso en el transporte público. En paralelo, ya no nos resulta de otro planeta que una casa sea inteligente, estando cada vez más casas programadas para interactuar con aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT) que, por ejemplo, te permiten programar el horno o la alarma de seguridad desde el móvil, eliminando así la necesidad de tener cualquier tipo de mando a distancia o incluso interruptores, ya que el smartphone podría actuar como único dispositivo de control remoto de la iluminación, aire acondicionado u otros dispositivos de la casa.
Lo cierto es que esta situación no es fruto de la pandemia ni se ha instaurado de la noche a la mañana en nuestras ciudades. Red.es, entidad adscrita al Ministro de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha tenido un papel clave en el impulso de la innovación y la implantación de las ciudades inteligentes, a través de las convocatorias de, entre otros proyectos, el Plan de Ciudades Inteligentes, cuyo objetivo se ha centrado en el impulso de la industria, con ahorros cuantificables y con mejoras en el consumo energético, y creación de espacios tecnológicos. La actividad de Red.es también ha girado en torno a la digitalización de otros sectores que tienen un impacto directo en la creación de estas ciudades inteligentes, tales como el plan denominado Destinos Turísticos Inteligentes, que busca potenciar la digitalización de los servicios dirigidos al turismo, algo que será crucial en la seguridad del turista post COVID-19, a través del desarrollo de aplicaciones especialmente dirigidas al turista, puntos de acceso a Wi-Fi públicos, despliegue de códigos QR en los puntos emblemáticos de las ciudades o la digitalización de las oficinas de turismo, tendiendo a desparecer las guías turísticas en formato papel y oficinas de turismo.
Desde la implantación de estos planes, la realidad es que en muchas ciudades, aunque no nos demos cuenta, ya existe un gran nivel de digitalización y somos las propias personas, bien como ciudadano, turista, peatón o vehículo, los que alimentamos a esta ciudad inteligente de información gracias a nuestra forma de actuar y movernos por la ciudad, como, por ejemplo, semáforos que se adaptan a la afluencia de coches y peatones en un momento exacto.
A pesar de la existencia de subvenciones y proyectos para potenciar esta digitalización de las ciudades, España no podrá avanzar o lograr la total conversión de una ciudad en ciudad inteligente hasta que no cuente con un marco regulatorio preparado y adaptado a este nuevo escenario.
La Unión Europea (UE) está tomando la iniciativa en el establecimiento de un marco regulatorio común aplicable a las ciudades inteligentes, inteligencia artificial y robótica, recogiendo propuestas de legislación, impulsando consultas y generando guías y recomendaciones tendentes a allanar el camino de la digitalización total de las ciudades. En concreto, en 2015 se publicó el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “Las ciudades inteligentes como motor de una nueva política industrial europea” (Dictamen 2015/C 383/05) que, aunque carecía de fuerza vinculante, fue relevante a efectos de conocer la posición que tomó la Unión Europea frente a las ciudades inteligentes y las líneas de un posible marco regulador armonizado.
Por su parte, en España, las últimas iniciativas tendentes a impulsar la implantación de las ciudades inteligentes o protección del “ciudadano digital” han sido el Plan de España Digital 2025, la creación del Consejo Consultivo para la Transformación Digital el pasado 28 de septiembre de 2020 o la reciente publicación el pasado 17 de noviembre de la primera versión de la Carta de Derechos Digitales, que estará abierta a consulta pública hasta el próximo 4 de diciembre.
A pesar de que la implantación de las ciudades inteligentes avanza cada vez más rápido, no debemos olvidar que no todo serán beneficios para los ciudadanos, sino que esta digitalización en bloque de las grandes ciudades generará diversos riesgos. Para seguir leyendo, pincha aquí.