riesgos legales cibersexo

Este artículo fue publicado en Revista Byte IT.

Como en cualquier otro ámbito de la vida, hace tiempo que la tecnología irrumpió en el mundo del sexo, en particular, en lo que se refiere a las páginas web y apps especializadas, bien para el acceso online a contenido para adultos, bien para facilitar el contacto entre personas (Meetic, Tinder, Badoo, JWed, Bumble, etc.), que se han visto obligadas a adaptarse a la cuarentena fomentado los videochats para que sus usuarios contactaran de forma virtual. En el mundo del cibersexo habría que añadir los vídeos e imágenes que se comparten a través de redes sociales y sistemas de mensajería instantánea. Y es que no es un secreto que la palabra “sexo” es una de las más demandadas en los buscadores de Internet.

Prueba del auge del cibersexo es el espectacular incremento que ha experimentado el consumo de vídeos pornográficos en Internet durante la crisis sanitaria del covid-19 –de forma paralela al resto de contenidos audiovisuales, debido al obligado confinamiento del público en sus domicilios–, habiendo sido polémico el ofrecimiento de la web “Pornhub” de permitir el acceso gratuito (eso sí, previo registro como usuario) a su contenido premium durante la pandemia.

Estos contenidos y páginas de contacto están restringidos en España para los menores de 18 años, de conformidad con lo dispuesto en la Exposición de Motivos de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, que permite limitar la libre prestación de servicios en orden a la protección de los menores. Pero la realidad es que, según un informe de la Universidad de Alberta (Canadá), el 90% de los adolescentes ha accedido alguna vez, voluntaria o fortuitamente, a contenidos sexualmente explícitos a través de Internet; y que el control sobre las páginas de contenido pornográfico se limita a excluir contenidos pedófilos o no consentidos, ya que la pregunta que algunas hacen antes de permitir el acceso sobre la mayoría de edad del usuario distan de ser una verdadera medida de control, ya que no se hace comprobación alguna.

Atajar esta situación se considera prioritario por muchos gobiernos y han habido iniciativas legislativas para que las personas que accedan a contenido pornográfico en Internet acrediten su mayoría de edad, como en el Reino Unido, pero que se han topado con el problema de que el requerimiento de datos personales (documento de identidad, teléfono, número de la tarjeta de crédito, etc.) genera problemas de privacidad, pues en caso de robo de la base de datos se tendría un listado de nombres vinculados con el acceso a contenidos íntimos, como ocurrió en julio de 2015, cuando sustrajeron los datos de 39 millones de usuarios de la web de Ashley Madison, una de las más populares para buscar aventuras extraconyugales.

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