Mientras las carteras ministeriales se ponen de acuerdo sobre las medidas a tomar para el retorno seguro a clases presenciales voluntarias; padres, alumnos y docentes se enfrentan al reto más grande: el regreso a clases en la modalidad híbrida.

Durante casi un año, todos los sectores a nivel mundial han vivido momentos de mucho estrés, desmotivación, incertidumbre y por supuesto mucho miedo. El sector educativo no fue la excepción: sobrecarga de trabajo, poco conocimiento de la existencia y uso de herramientas tecnológicas (por los docentes, padres y alumnos), innovación, falta de creatividad, ataques directos hacia los centros educativos privados por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- y lo más difícil cero regulación y apoyo por parte del Ministerio de Educación. Estos fueron algunos de los puntos claves de la pandemia. Sin embargo, la forma de impartir clases se modernizó y tuvo un giro de 180 grados.

El escenario no fue para nada fácil, pero gracias a los esfuerzos y horas extra de trabajo de la comunidad educativa, dar y recibir clases desde casa ya no era una idea tan descabellada. Los retos que se vivieron al inicio de la pandemia, ya no eran tan grandes y se logró proteger los derechos de la comunidad educativa, en especial el derecho a la salud, integridad personal, acceso a la educación y el derecho al trabajo.

Ahora, después de casi un año, la mayoría de colegios están preparados y han adoptado medidas sin precedentes en atención y contención del virus. Asimismo, han invertido esfuerzo, recursos económicos, intelectuales, físicos y, sobre todo, mucha energía en implementar plataformas virtuales de fácil acceso para todos y todas.

El regreso a clases en pandemia supone grandes desafíos, especialmente en términos de creación de instrumentos aplicables a las mayorías, implementación de medidas sanitarias y ajustes financieros. A manera de reducir el impacto, primero que nada, es importante destacar los siguientes aspectos de las modalidades virtuales y presenciales mezcladas unas con las otras. La importancia de tener una modalidad que une ambas, es única y exclusivamente para proteger y no vulnerar el derecho humano a la educación y de esa manera poder dar y recibir una enseñanza de calidad.

En ese sentido es importante resaltar que los colegios deben tomar todas las medidas apropiadas para garantizar que tanto a alumnos como a docentes se les garanticen sus derechos, dentro y fuera del plantel escolar, basados en las obligaciones derivadas de las leyes nacionales y por las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para ello, algunos colegios – si no es que la mayoría- han adoptado una medida dirigida a padres de familia y docentes, que ha sido malinterpretada por muchos. Esa medida es la de firmar un documento o una carta de “liberación de responsabilidad por contagio de COVID-19 en las instalaciones del centro educativo privado”, que resulta ser, en cierto modo, una serie de buenas prácticas que apelan a la responsabilidad, el sentido ético y la solidaridad de cada uno.

Sin embargo, es evidente que debido al virus, la exposición y el alto nivel de contagio, aún con todas las medidas que los colegios tomen, ningún establecimiento educativo tanto público como privado, ni cualquier otro sector, es capaz de garantizar que nadie resulte infectado, pero es un riesgo que puede ser menor si se cumplen las medidas de prevención y seguridad establecidas.

De igual forma es importante recordar que el éxito de las medidas formuladas para prevenir y controlar la propagación del COVID-19 depende en gran medida del estricto cumplimiento de las mismas, por lo que debe existir un compromiso bilateral, tanto de los colegios de proporcionar un espacio seguro que cumpla con todas las regulaciones sobre higiene, salud y seguridad ocupacional exigidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, como de los padres de familia y docentes quienes deben cumplir estricta y completamente con las reglas, regulaciones, instrucciones e indicaciones requeridas por los colegios y las entidades que regulan la materia.

La naturaleza de este artículo está dirigida a concientizar y a responsabilizar a todos los actores que forman parte de la comunidad educativa, a que tomen sus precauciones y que reconozcan y asuman que existe un riesgo, pero no sólo en los colegios, si no que en cualquier ambiente. Los colegios por su parte, se comprometen a cumplir con todos los requerimientos y a no ser negligentes para evitar un nuevo brote. Ahora bien, hay que recordar que ni tomando todas las medidas para la prevención y contagio del virus, se asegura un riesgo de cero transmisiones y probabilidad que alguien resulte positivo. Ahora bien, si los colegios no cumplen con las medidas, es una historia distinta. Si se logra demostrar que los colegios actuaron con negligencia y no cumplieron con las directrices vigentes y los protocolos, no habría duda de la posible responsabilidad del establecimiento. Pero, probar que los colegios tienen responsabilidad del contagio puede ser muy difícil.  Ante la enfermedad no se debería buscar responsables sino medidas de prevención y minimizar los riesgos de contagio.

El mensaje es que todas las medidas respecto a la comunidad educativa están basadas en la consideración del interés superior de los niños y en que tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud en las instalaciones educativas por lo que los colegios deben asegurar una adecuada protección y cuidado.