Mercedes Sancho Rubí y Alonso López Jiménez comparten su opinión en el medio de comunicación «El Financiero«.

El Ministerio de Economía y el TSE carecen de herramientas para regular las relaciones pagadas entre políticos e influenciadores.

Con las elecciones de 2022 a la vuelta de la esquina y una virtualidad en su mayor auge, quedan en evidencia vacíos legales.

Las relaciones comerciales entre influencers y políticos están en medio de un área gris para las autoridades reguladoras en los planos electoral y comercial.

Por un lado, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) asegura que las publicaciones de corte político se escapan incluso de las recomendaciones más básicas para que influenciadores cumplan con las normas publicitarias; mientras que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) asegura que apenas puede ejercer regulaciones mínimas establecidas en el Código Electoral para aquella publicidad directamente reconocida por los partidos políticos.

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