Internautas y juristas han criticado el decreto que permite intervenir redes sociales o servicios de comunicaciones electrónicas cuando supongan una amenaza para el orden público, una norma “tan abierta” que podría poner en riesgo libertades y derechos fundamentales.

El presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Miguel Pérez Subías, expresa su “preocupación” por esta nueva regulación y subraya que cuando se trata de medidas que afectan a las libertades de los ciudadanos debería ser el juez el que ordenara la intervención.

En declaraciones a EFE, Pérez Subías opina que el decreto ley puede causar un daño “importante” si no se utiliza de una forma debida.

Ante la situación en Cataluña, el BOE publicó ayer un texto que, con carácter excepcional y transitorio, permite al Gobierno intervenir las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales: cuando afecten al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional.

Según Pérez Subías, el Ejecutivo podría intervenir “simplemente” cuando el contenido de una página web no le gusta: “los excesos existen” y una regulación nueva “mal utilizada” podría tener derivadas “muy peligrosas”.

Coincide con él el abogado experto en redes Alonso Hurtado, quien muestra serias dudas sobre la legalidad de una norma redactada de forma “tan abierta” y “ambigua” que otorga al Gobierno un amplio margen de actuación sin control judicial previo.

“¿Las manifestaciones de pensionistas ante el Congreso o las protestas de los indignados del 15-M en la jornada de reflexión de las elecciones locales de 2011 fueron un problema de orden público?” “¿Tiene sentido que el Gobierno pueda cortar Twitter, Facebook, WhatsApp o Telegram para impedirlas?, se pregunta este abogado, a favor de “atar en corto” a los gobiernos.

Hurtado está convencido de que la norma terminará en el Tribunal Constitucional.

También desde la Asociación de Internautas critican el texto: “el Gobierno nos regaló ayer en el BOE un decretazo que le atribuye competencias digitales que la Constitución reservaba para situaciones extremas, y solo previsibles mediante la declaración del estado de excepción”.

Para esta organización, se trata de una normativa aprobada para dar respuesta a un supuesto muy concreto y potencialmente puede afectar a múltiples derechos fundamentales.

“Va más allá de lo razonable”, señala a Efe también el abogado experto en nuevas tecnologías David Maeztu, quien recuerda que ante riesgos para la seguridad nacional o graves problemas de orden público el Ejecutivo no tiene en la actualidad problemas para obtener autorización judicial antes de actuar si así lo solicita.

Este abogado critica asimismo que el decreto permita intervenir servicios digitales cuando se creen “graves problemas económicos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes”, una redacción, a su juicio, “bastante indeterminada para una medida de tal calibre”, y duda de la urgencia de regular esta materia a través de un decreto ley.

En este último punto coincide el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, que considera que las “razones de extraordinaria y urgente necesidad” que permiten aprobar un real decreto ley no están suficientemente explicadas en la exposición de motivos de la norma.

Tras criticar el “abuso” de la figura del decreto-ley por parte del Gobierno, Prado destaca que el Ejecutivo, que tiene competencias en materia de telecomunicaciones y de seguridad pública, sí cuenta con base legal para regular la seguridad digital.

Correspondería al Tribunal Constitucional determinar si se vulnera algún derecho fundamental, apunta este magistrado.

“Quien se vea afectado por la norma siempre podrá recurrir a los órganos judiciales y, en última instancia, al Constitucional”, recalca asimismo el portavoz Jueces y Juezas para la Democracia, Ignacio González Vega.

 

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