Las líneas rojas (legales) del ‘true crime’: ¿puede la madre del pequeño Gabriel impedir el documental sobre su hijo?
Artículo con la opinión de Elena Ordúñez, socia de ECIJA para El País.
Los productores de contenidos sobre asesinatos reales deben respetar el honor y la intimidad de las víctimas
Las series y documentales sobre crímenes reales (true crime) están de moda. El caso Asunta (Netflix) o El caso Sancho (Max) son algunos de los últimos títulos que desmenuzan la crónica negra española. En medio de esta vorágine, Patricia Ramírez ha iniciado una cruzada para que no se ficcione y, de paso, se rentabilice, el asesinato de su hijo. En 2018, el pequeño Gabriel, de ocho años, fue encontrado muerto en el coche de la entonces pareja de su padre tras una angustiosa búsqueda de doce días. La madre del menor asesinado, de nuevo en el foco mediático, ha reabierto un complejo debate: ¿Cuáles son las líneas rojas del true crime?
Como regla general, sostiene, el afectado “no podría evitar que se produjera un documental que relatase hechos notorios y con trascendencia pública”. Y es que, apostilla Elena Ordúñez, socia de propiedad intelectual de Ecija, “ni el derecho a la creación ni el de información pueden restringirse mediante ningún tipo de censura previa”.
