Se cumple un año de la entrada en vigor en España de la Ley de Secretos Empresariales, que refuerza la protección de la información reservada de una compañía, un bien inmaterial y, en ocasiones, poco identificado.
El año pasado un exempleado de Google fue acusado de robar información confidencial del coche autónomo y de filtrársela a Uber. Se descubrió que había descargado cerca de 14.000 archivos relativos al vehículo sin conductor del gigante tecnológico, una información jugosa y de alto valor económico para cualquier compañía. Un caso similar, también en 2019, puso el foco en la firma automovilística Tesla, que sufrió el robo de documentos secretos sobre el coche autónomo por parte de un exdirectivo, antes de que se marchase a una empresa china que fabrica el mismo tipo de vehículos.
Son sólo dos muestras de los cientos de sucesos sobre robo de información secreta de productos, sistemas o fórmulas desarrolladas por las compañías, una lacra que les cuesta unas pérdidas de 3.000 millones de euros anuales.
Con el fin de reforzar la protección jurídica de estos conocimientos en febrero del año pasado echó a andar en España una ley específica sobre secretos industriales que obliga, desde entonces, a que las empresas identifiquen qué información secreta tienen en sus manos y a que tomen acciones firmes de defensa ante posibles fugas.
El primer paso es saber qué conocimiento es valioso y cuál no lo es. Debe ser confidencial, algo que muchas empresas no tienen identificado, algo que pueden hacer mediante estudios internos o bien acudiendo a auditores externos.
Cristina Villasante, manager de nuevas tecnologías y propiedad intelectual de ECIJA, lo resume en “cualquier conocimiento tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero que sea confidencial y tenga un alto valor económico”.