LexLatin ha compartido la columna de Adalberto Méndez, socio de Derechos Humanos, Empresas y Responsabilidad Social Corporativa de ECIJA México.

Durante el mes pasado, el gobierno mexicano, por conducto de su Cancillería, interpuso ante una corte federal de Massachusetts, en Estados Unidos, una demanda en contra de compañías productoras y comercializadoras de armas de fuego, bajo el argumento de que eran responsables de tráfico ilícito. Se demandó tanto a fabricantes como distribuidores de fusiles antimaterial, calibre cincuenta, así como rifles de asalto, particularmente AR-15 y WASR-10, modelos frecuentemente decomisados por las autoridades mexicanas a grupos del crimen organizado.

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