Expansión recoge la opinión de Cristina Azpitarte, socia de ECIJA.
Cuando en 2009 una entidad bancaria concedió un préstamo a una empresa valenciana, en los documentos que avalaban el crédito hipotecario aparecían dos fincas con placas solares, pero no que estuvieran alquiladas. Y mucho menos, a familiares vinculados al negocio. Así, en julio de 2017, tras entrar la compañía en proceso de liquidación, el banco, gracias al crédito privilegiado que tenía sobre las dos naves industriales, era el mejor postor en la subasta a celebrar por el concurso.
Pero en ese momento saltó la sorpresa. “Cuando se va a proceder a firmar la compraventa, aparecen unas supuestas arrendatarias de las cubiertas de ambas naves que presentan sendos contratos de alquiler firmados con la concursada dos años antes de constituirse la hipoteca. Sin embargo, al firmarse la garantía del crédito nada se dice sobre la existencia de gravamen o arrendamiento alguno sobre las fincas”, explica sobre el proceso Cristina Azpitarte, socia de ECIJA.
Los acontecimientos provocaron que la subasta se paralizara, ya que los arrendatarios, a su vez familiares del dueño de la empresa en concurso, demandaron al banco, solicitando su derecho de tanteo sobre las fincas. En un primer momento, el juzgado de lo mercantil número 2 de Valencia les dio la razón. «Presentaron un incidente concursal en el que solicitaban que se declarase la obligación del adjudicatario de las fincas de reconocer el derecho de ocupación de las cubiertas en virtud de los contratos presentados. Y la resolución les fue favorable», asegura Azpitarte sobre lo que les llevó a elevar su demanda ante la Audiencia Provincial de Valencia.
“Además, la posición de arrendatario y arrendador se distribuía según conviniera entre los hermanos del responsable de la entidad en concurso”, señala la resolución, que da la razón al banco.
“Los contratos simulados solo cabe rebatirlos mediante indicios, dado que los firmantes siempre otorgan a tales contratos de una apariencia de veracidad”, concluye Azpitarte.
