La Tercera recoge la opinión de Gerardo Otero. 

El protocolo, según adelantó el ministro de Salud, Enrique Paris, durante la vocería de hoy, será presentado al Presidente Piñera por la subsecretaria Paula Daza y el ministro de Economía, Lucas Palacios, luego de las elecciones. Si bien ya existen algunos grupos en contra de su implementación, dos abogados señalan que hay un criterio de protección a la salud pública en esta política, sobre todo en el contexto de un estado de catástrofe, donde una persona vacunada implica un menor riesgo sanitario que una que no lo está. Frente a un pasaporte para desplazarse entre países, la experiencia está: no son pocas las naciones que exigen ciertas vacunas -Brasil, Perú o países africanos- para entrar a sus territorios.

Opinión legal

Gerardo Otero, abogado y socio de ECIJA Otero, explica que la postura de quienes se oponen va directamente relacionada con “una posible discriminación y un posible atentado a la privacidad. Pero yo no veo esos problemas desde el punto de vista legal y la discusión es más bien política. No veo problemas de discriminación o de falta de igualdad ante la ley. Todo acto racional implica que se debe discriminar y ello no es ilegal o injusto. Lo que no corresponde es una discriminación arbitraria, carente de lógica. En este caso, tendría como fundamento la protección a la salud pública y no una razón económica como algunos sostienen”.

El abogado comenta que si bien el proceso de vacunación contra el Covid-19 es voluntario, “como todo acto libre y voluntario tiene consecuencias que deben asumirse, las positivas y las negativas. Incluso, esa discriminación también es lícita aun cuando el no haber recibido la vacuna no sea consecuencia de una elección como, por ejemplo, un calendario de vacunación. Los vacunados, suponiendo que la vacuna sirve, no contaminan ni se contaminan, al menos gravemente. ¿Es justo que deban estar sujetos a las mismas restricciones de aquellos no vacunados? Hay razones de salubridad pública que justifican la diferencia”.

Hace un poco más de un año, en una de las vocerías -y cuando aún se desempeñaba como ministro- Jaime Mañalich presentó el borrador de lo que sería el carné Covid-19 de inmunidad para quienes ya hubiesen cursado la enfermedad. Sin embargo, con el agravamiento de la situación de la pandemia hacia mediados de junio, la idea no prosperó. “En ese momento, había evidencia sólida que la inmunidad que producía el haber tenido Covid-19 tenía tres meses de duración. Después vino el proceso de agudización de la pandemia y el tema quedó entre paréntesis”, comenta el exministro a La Tercera PM.