Whistlelink entrevista a César Zárate, socio de ECIJA
En nuestra entrevista con César Zarate, Partner en Écija, el 4º mayor bufete español, averiguamos más sobre el impacto de la Directiva UE 2019/1937 sobre protección de denunciantes, pero también sobre nuestro Código Penal vigente que ya requiere desde 2015 la existencia de un sistema de prevención de delitos. Nuestro Partner nos habla sobre como implementar un canal ético puede ayudar a la organización, y sobre las principales limitaciones de las empresas españolas a la hora de implementar canales de gestión de denuncias.
Cuéntenos más sobre su bufete.
ECIJA se ha posicionado como el 4º mayor bufete español, consolidándose como la Firma iberoamericana con mayor presencia en Latinoamérica y reforzando su oferta full-service con las integraciones de firmas líderes en sus respectivas áreas de práctica. Contamos con un equipo de 800 profesionales, 30 oficinas propias ubicadas en 16 países, y somos la referencia indiscutible en Economía Digital en España, y líderes en distintas áreas de práctica en España, Portugal y Latinoamérica.
Recientemente el diario Cinco Días (Grupo PRISA) y la consultora Statista han publicado su ranking de mejores despachos de España, edición 2022 y ECIJA ha sido reconocida como mejor firma en España Derecho de las Nuevas Tecnologías. Por su parte, Financial Times nos ha reconocido este año como una de las firmas más innovadoras de Europa gracias a nuestro firme compromiso con la innovación, la excelencia y la sostenibilidad.
Que impacto se espera que tenga la Directiva Whistleblowing y la legislación local en curso de trasposición, en las organizaciones españolas?
De momento la Directiva no ha tenido un impacto muy significativo en nuestro país, pero esto no es una novedad. Hasta que no tengamos una normativa nacional y el correspondiente régimen sancionador sólo las compañías con sistemas de Compliance más maduros adecuarán sus canales de comunicación de irregularidades a las exigencias Comunitarias.
Cuáles son las razones más comunes de sus clientes para la implementación de un canal ético?
Hasta la fecha el motivo más frecuente ha sido la implementación de un sistema de gestión para la prevención de delitos conforme a los requisitos del artículo 31 bis de nuestro Código Penal, aunque la trasposición de la Cuarta Directiva en materia de Blanqueo de Capitales también motivó la implementación de canales por parte de los sujetos obligados. En esa ocasión el RD 18/2019 introdujo un nuevo artículo 26 bis en la Ley 10/2010 que incluía la obligación de los sujetos obligados de establecer procedimientos internos que permitan a sus empleados, directivos o agentes comunicar posibles incumplimientos, debiendo permitir que pueda hacerse incluso de forma anónima.
Que preocupa a sus clientes a la hora de implementar un canal ético y como les ayuda su despacho?
En la mayor parte de las ocasiones les preocupa no contar con medios suficientes para la correcta gestión de las denuncias. Es muy raro que las empresas en España cuenten con profesionales especializados en la instrucción de las denuncias que garanticen que la investigación se realiza respetando las garantías de todas las personas implicadas. La gestión externa de los canales, de forma completa o para la instrucción puntual de denuncias es el servicio que más demandan nuestros clientes.
Que le hizo decidir colaborar con Whistlelink?
Llevamos muchos años analizando soluciones de canales de denuncia y de Whistlelink nos llamó la atención desde un principio su look and feel, tiene una estética muy limpia y trabajada lo cual, desde mi punto de vista, ayuda a generar una mayor confianza para el comunicante.
Adicionalmente la usabilidad para el gestor es otro de sus puntos fuertes siendo muy sencillo adecuar la plataforma a las exigencias de nuestros clientes.
Por supuesto que cuente con la certificación en ISO 27001 y cumpla rigurosamente con la normativa en materia de privacidad y protección de datos era algo esencial para nosotros.
