La iniciativa del diputado liberacionista Daniel Ulate Valenciano daría “acceso total” de los cuerpos policiales a una megabase de datos de las huellas dactilares y los rasgos faciales que identifican a millones de habitantes de Costa Rica.
Los registros estarían disponibles de forma directa e inmediata para el Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Dirección General de Migración y Extranjería y la Fiscalía por medio de una Plataforma Nacional de Identificación Biométrica.
El servicio de verificación de identidad también se pondría a disposición de los ministerios y los poderes de la República, de forma gratuita, así como de los órganos descentralizados y las empresas del sector privado que paguen por el servicio.
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