Este artículo fue originalmente publicada en catalán por Economía de Mallorca.
Aprovechando el calor del verano, en plenas vacaciones extrañas y preocupantes por causa de la crisis económica y social que tenemos encima y que la evolución de la Covidien-19 puede agravar aún más, el BOE del pasado día 10 de agosto publicaba el resumen de las cuentas anuales de la Administración General del Estado, excluidos los de todas sus entidades y organismos dependientes, correspondiente al ejercicio de 2019, que no auguran nada bueno.
A diferencia del año anterior, el resultado presupuestario del referido ejercicio es negativo, con un déficit de – 611.627.442,33 euros y una carga de la deuda equivalente al 45% de las obligaciones reconocidas, que no es poco, y que subraya la difícil situación de las finanzas públicas que la crisis de este año empeorará, y mucho.
En este sentido ya se ha visto a través del polémico destino del superávit de las administraciones locales (Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos Insulares, Cabildos) que el Estado reclama para él, eso sí, en concepto de préstamo a devolver en 15 años en partir de 2022, en méritos del Real Decreto Ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras de carácter extraordinario y urgente aplicables a las entidades locales.
Como es conocido, y alegando los tipos de interés negativo que muchas entidades locales están soportando los saldos disponibles en las cuentas y depósitos bancarios de su titularidad, esta disposición ha sido opuesta, y con razón, por muchos ayuntamientos en acondicionar los remanentes de tesorería que han acumulado tras unos años de contención y que está por ver si recuperarán. Y lo que también no deja de ser grave, excluye a los Ayuntamientos sin remanentes de los fondos estatales que a la vez se contemplan, a los que tendrán sólo acceso quienes transfieren voluntariamente su superávit a la Administración General del Estado.
Mal están las cosas, más aún a la luz de las informaciones que nos llegan de los medios de comunicación, tanto sobre el nivel de la deuda pública situado el mes de junio en 1,29 billones de euros, por encima del 100% del PIB , de los cuales 1,18 billones de euros, es decir el 91%, corresponden a la Administración central del Estado, como del déficit público del conjunto de las administraciones públicas que a finales del año 2019 ya representaba el 2,7% del PIB, lo que cuestiona la continuidad de un sistema fallido a revisar.
